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Delito Político y Régimen Benigno

Edwin Arturo Muñoz Murillo

El Estado colombiano ha desarrollado mecanismos legales para desmovilizar grupos armados y facilitar la transición de la guerra a la paz, en línea con estándares internacionales. Un tema clave ha sido el tratamiento del delito político, diferenciándolo del delito común, lo que ha permitido el desarrollo de normas para su gestión, especialmente en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC-EP. Este acuerdo incluye medidas como la amnistía e indulto para ciertos delitos y criterios de conexidad entre delitos comunes y políticos, regulados por la Ley 1820 de 2016. El texto analiza estos conceptos y su aplicación, además de la Renuncia a la Persecución Penal como mecanismo transicional no sancionatorio. Finalmente, se incluye un acápite breve sobre la reparación a las víctimas en el marco de Sistema Integral para la Paz.

Contenido

  Pág.
Prólogo IX
Resumen XV
Introducción 1
Capítulo I
SOBRE EL DELITO POLÍTICO, LA AMNISTÍA Y EL INDULTO		 7
1. Evolución histórica y acercamiento al concepto del delito político 7
2. El delito político en la región: algunas referencias comparativas 13
3. Aspectos Jurídicos del delito político en Colombia 17
3.1. Adecuación típica de los delitos políticos 17
4. Delito político frente a los delitos comunes.
    Antecedentes jurisprudenciales previos al Acuerdo Final 		26
5. Amnistía e Indulto 37
6. Tratamiento penal del delito político en el Acuerdo Final 51
7. El tratamiento jurídico benigno frente a los estándares internacionales en materia de justicia 58
8. Procedencia de la Amnistía en el Acuerdo Final 64
9. La amnistía y el indulto como instituciones jurídicas
    establecidas y desarrolladas en la Ley 1820 de 2016 y complementarias 		69
10. Mínimos del procedimiento para la evaluación de solicitudes de amnistía por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz 72
10.1. Sobre la competencia temporal, personal y material 73
10.2. Relación con el conflicto armado no internacional 81
10.3. Si no hay nexo entre la conducta y el conflicto armado:
    Remisión a justicia ordinaria 		85
10.4. Si hay nexo entre la conducta y el conflicto armado:
    se estudia el segundo nivel del ámbito de aplicación material 		86
10.5. Régimen de condicionalidad 87
11. Propuesta de test para establecer conexidad 90
11.1. Primer nivel: 92
11.2. Segundo nivel: 93
11.3. Tercer nivel: 94
11.4. Cuarto nivel: 96
11.5. En caso de duda sobre la conexidad: 98
Capítulo II
SOBRE LA RENUNCIA A LA PERSECUCIÓN PENAL		 101
1. Los mecanismos de definición de la situación jurídica
    administrados por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y,
    en particular, la Renuncia a la Persecución Penal 		105
2. La RPP y la posibilidad de su aplicación frente a personas
    involucradas en crímenes graves 		113
3. La posibilidad de conceder RPP a personas involucradas
    en crímenes graves está autorizada por el ordenamiento jurídico interno 		114
(a) La RPP para personas no seleccionadas tiene aval constitucional 114
(b) La jurisprudencia de la SA recalca la aplicación del ordenamiento jurídico
    de la transición sobre la facultad de aplicar la RPP a personas no seleccionadas 		120
4. La RPP y los estándares internacionales 125
(a) La aplicación de esta figura responde específicamente al contexto colombiano 125
(b) No implica que el Estado abandone el deber de avanzar en materia de esclarecimiento
    de la verdad; indagar por responsabilidades en las conductas punibles e investigar,
    juzgar y sancionar los máximos responsables de los crímenes no amnistiables.
    Promueve el derecho de acceso a la justicia, al tiempo que optimiza la rendición
    de cuentas y la protección reforzada de los derechos de las víctimas 		141
(c) El Derecho Penal Internacional (DPI) autoriza la aplicación de mecanismos
    de selección y priorización sobre los máximos responsables y posibilita mecanismos
    de renuncia (de iure o de facto) a los demás 		151
5. RPP: requisitos/criterios de acceso. Requisitos/criterios de mantenimiento 154
6. Reparación a las Víctimas en el marco del SIP 164
Bibliografía 173
Jurisprudencia relevante 176

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